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José Woldenberg

Cambio político y desigualdad

Entre 1977 y 1997 México vivió un cambio político de enormes dimensiones. Pasó de un sistema de “partido hegemónico” —como lo calificó Giovanni Sartori— a un sistema de partidos plural y equilibrado, de elecciones sin competencia a elecciones competidas, de un mundo de la representación política monocolor a la colonización de las instituciones representativas por una abigarrada diversidad partidista, y de una pirámide política subordinada a la voluntad presidencial a una división de poderes auténtica. En una palabra, México fue capaz de construir un germinal sistema democrático y dejar atrás la fórmula autoritaria de organización política.

En 1977 el presidente de la República, todos los gobernadores, todos los senadores y el 82 por ciento de los diputados eran del PRI. Treinta años después el presidente y su partido (el PAN) no tienen mayoría absoluta ni en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores, mientras 17 estados son gobernados por el PRI, nueve por el PAN y seis por el PRD. Las cifras son elocuentes y expresan que si bien el cambio político siguió una ruta electoral su impactó modificó la mecánica de todo el entramado estatal.

En México, que contaba con una Constitución democrática (a diferencia de los países meridionales de Europa —España, Portugal, Grecia— o los de la órbita soviética) y que en el siglo XX no había conocido por largas etapas la vida democrática (a diferencia de un buen número de países de América Latina como Chile, Uruguay y Argentina), hacían falta dos piezas fundamentales para que el diseño constitucional se hiciera realidad: un auténtico sistema de partidos y una fórmula electoral capaz de dar garantías de imparcialidad y equidad a la contienda. Y esos dos eslabones se construyeron en el último cuarto del siglo XX.

No fue un proceso sencillo ni lineal, sino cargado de conflictos y desencuentros. Pero visto de manera panorámica su mecánica resultó virtuosa: la conflictividad política y social demandó la apertura de las leyes electorales para que corrientes político-ideológicas a las que se mantenía artificialmente marginadas del escenario pudiesen participar. Una vez que eso sucedió, los nuevos y viejos partidos opositores demandaron una serie de reformas para hacer que los procesos electorales fueran imparciales, equitativos, legales, transparentes, es decir, legítimos. Y ello sucedió gracias a diferentes operaciones políticas (reformas constitucionales y legales sucesivas), creación de instituciones (IFE, TEPJF), y de una nueva correlación de fuerzas.

Se modificaron los órganos y procedimientos electorales para inyectarles imparcialidad, se remodelaron las condiciones de la competencia para hacerlas equitativas, se creó una fórmula para procesar el contencioso electoral por una vía jurisdiccional (antes los Colegios electorales calificaban las elecciones), se modificaron las disposiciones para la integración de las Cámaras del Congreso para hacerlas receptoras de la pluralidad política, se crearon nuevas regulaciones para el registro de partidos, agrupaciones políticas y coaliciones, y se democratizó la vida política del Distrito Federal.

México vive por primera vez en su larga historia en democracia. Y en buena hora que así sea. Pero la democracia no es una estación terminal y su sustentabilidad no está garantizada. El PNUD, en su momento, hizo un llamado de atención. Y hace unos meses la CEPAL hizo lo mismo. La pobreza y la desigualdad, la precaria cohesión social, los déficits en el Estado de derecho y en el ejercicio de los derechos ciudadanos, el comportamiento de los partidos y los medios masivos de comunicación, pueden vulnerar la reproducción de sistemas democráticos germinales.

Por ello mismo quiero llamar la atención sobre un rasgo estructural de nuestra convivencia social que, de no ser revertido, puede convertirse en un elemento altamente disruptivo para la sustentabilidad de la democracia: la desigualdad.

En México el 40 por ciento de las familias más pobres recibieron el 13 por ciento de los ingresos totales. En contraposición el 20 por ciento de las familias más ricas recibió el 55 por ciento. No somos un país excepcional en el área de América Latina y el Caribe, donde los promedios respectivos son de 13 (igual a nosotros) y 53 (un poco mejor que nosotros, si es que se aspira a la equidad). No obstante, si se acepta la vieja conseja: “mal de muchos, consuelo de tontos”, entonces habría que voltear y compararnos con los “países industrializados”, donde el 40 por ciento de las familias más pobres reciben el 21 por ciento del ingreso y el 20 por ciento más rico el 40. (UNICEF. Estado mundial de la Infancia 2007. Se trata de un ejercicio realizado entre 1994 y 2004).

Una desagregación mayor realizada por la CEPAL nos dice que el uno por ciento más rico de la población concentra el 12.5 por ciento del ingreso mientras el 40 por ciento más pobre sólo alcanza el 11.1 por ciento del mismo. Pero siendo más que elocuentes las cifras anteriores es necesario insistir en lo que significan en el día a día de la reproducción de nuestras sociedades.

La desigualdad es el rasgo más sobresaliente y más disruptivo de México y América Latina. No hay ningún asunto público más relevante y que pese más en la calidad de la convivencia social y en las posibilidades de reproducción democrática que la abismal desigualdad social. Entre nosotros se expresa y fecunda en todos los ámbitos y no solamente en términos del ingreso. En el acceso a la educación, a la salud, la vivienda, la alimentación, los bienes culturales, acaban por construirse varios Méxicos que no solamente tienen cada vez menos puentes de comunicación, sino que parecen escindirse de manera inercial, a los ojos de todos, y sin remedio.

Un botón de muestra: durante largas décadas la escuela pública fue un espacio donde no solamente se aprendían diversas disciplinas y se capacitaba a los alumnos, sino que además era una especie de crisol donde convivían estudiantes de diversas condiciones sociales. De tal suerte que ese universo era potencial y realmente un punto de encuentro entre los distintos Méxicos. No obstante, de manera paulatina pero inclemente los circuitos educativos acabaron por escindirse. Primero la primaria, luego la secundaria, después la educación media superior y (aunque no de manera definitiva) ahora también la educación superior. De tal suerte que los niños de diferentes estratos jamás se encontrarán en ese espacio vital para la forja de un país medianamente cohesionado.

Otro botón: a lo largo del dilatado periodo de 50 años (digamos entre 1932 y 82) la economía creció de manera importante y la apuesta de que la incorporación al trabajo estable era la puerta de entrada para alcanzar otra serie de derechos (salud, educación, créditos, vivienda) parecía funcionar. El número de trabajadores asalariados crecía año con año, la incorporación al IMSS —a partir de 1943— o al ISSSTE —1960— también, y por esa vía al mundo de “la formalidad” que implica, eventualmente, ser sujeto de crédito, acceso a bienes materiales y culturales diversos. No obstante, en las últimas dos décadas el trabajo formal no crece —o no crece con suficiencia— y lo que se multiplica es el “mundo de la informalidad”: trabajadores eventuales, callejeros, “autoempleados”, que logran rascar un ingreso por muy diferentes vías, pero que “normalmente” están excluidos de los circuitos de atención a la salud, de los créditos para vivienda y del acceso a la muy diversa y rica oferta cultural.

Los ejemplos se podrían multiplicar. En el transporte, en los ámbitos de diversión, en la atención a la salud, en los restaurantes y bares, en los barrios y las colonias, en los salones de baile, se construyen varios Méxicos dramáticamente diferentes, con escasos puentes entre ellos. Se trata de islas en un territorio continuo. De tal suerte que si no existe un esfuerzo consciente para por lo menos atemperar esa escisión, la tendencia hacia una sociedad partida en segmentos que no se reconocen unos a otros tenderá a agravarse.

La abrumadora desigualdad tiene distintas derivaciones: la calidad de la vida por supuesto se corroe y prima el nerviosismo social. Puesto que el espíritu público está plagado de recelos mutuos, dado que los diferentes grupos viven en mundos sellados, con escasa “movilidad social” y, por tanto, llenos de prejuicios contra los que no son idénticos a ellos, la atmósfera de la vida pública se carga de tensión.

La cohesión social es escasa. Priva la desconfianza. Hay miedo “al otro”, no convivencia. Fuera de cada círculo todo es extraño y la confianza sólo se otorga en ámbitos pequeños, estrechos: la familia, los amigos y… El país se vuelve inasible, una entidad ajena. Fuera del círculo de clase, de grupo, de estrato (llámele como quiera) vive un país que habitan otros diferentes y por ello sospechosos, temibles, extraños. Miseria y opulencia en los extremos, pero en medio también planetas diferenciados.

Hay un temor sordo, callado, pero recíproco. Existe una tensión latente y una preocupación que no se abre paso con suficiencia. Cada quien ve por sus necesidades e intereses inmediatos y hace falta un proyecto explícito, claro, asible, que ofrezca un horizonte para ir haciendo menos marcadas las desigualdades.

En términos de la necesaria reproducción democrática, la polarización social es explosiva. No deja que aparezca la virtuosa diversidad, sino que aflora la dramática desigualdad; no la coexistencia de idearios, formas culturales, sensibilidades, tradiciones distintas, sino espacios escindidos donde se engendran, coexisten sin mezclarse, y se observan con recelo, los diferentes Méxicos.

En una palabra: la desigualdad es el rasgo más dramático de México y sus efectos enturbian la vida en común, la cohesión social y la reproducción de la democracia.

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